Apenas una jornada antes del límite para domiciliar el pago y 14 días después de que comenzase el plazo para abonar los impuestos, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una moratoria fiscal que beneficiará, según sus estimaciones, a 3,4 millones de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Tras las numerosísimas peticiones de autónomos, empresas, asesores y fiscalistas, el Ejecutivo ha decidido rectificar al límite del plazo y trasladar el abono del pago trimestral del IVA, el fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF hasta el 20 de mayo. Y para aquellas compañías que ya habían realizado la domiciliación, el Gobierno aclara que no se realizará el cargo hasta ese mismo día 20 del próximo mes. "En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes", explica del Ministerio de Hacienda.

Medidas que se pueden implantar y peticiones de las principales asociaciones. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. El desconocimiento de la enfermedad está repercutiendo en la economía de todos los países afectados, y de la mayoría de las actividades. A pesar de que algunos sectores tengan una relación más directa, parece que ninguno está a salvo de esta crisis y deben poner en marcha las medidas necesarias para poder continuar dando servicio. De lo contrario, las pérdidas pueden ser mayores de las que ya se estiman, que ya son importantes. El caso de las grandes corporaciones es más sencillo por los recursos o la tecnología con los que cuentan. Pero, ¿y las pequeñas y medianas empresas y los autónomos? ¿Pueden seguir con su actividad? ¿Qué medidas pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? Medidas que pueden implantar y prestaciones a las que optan El coronavirus preocupa y afecta a todos. A pymes y a autónomos también. Incluso sin llegar a contraer la enfermedad, autónomos y empresarios deben plantearse establecer pautas para evitar el contagio. Y también para no tener que cesar su actividad. En este punto, el teletrabajo es una de las medidas estrella. Ya implantada en grandes compañías, autónomos y pequeñas empresas en las que se pueda trabajar desde casa tienen aquí la herramienta más sencilla para poder seguir dando servicio. Además de conseguir continuar con la actividad, el teletrabajo disminuye el riesgo de contagio entre empleados o socios. Y es aquí donde entran en juego los derechos y las coberturas del colectivo. Muchas empresas permiten a sus trabajadores estar con sus hijos mientras los centros escolares están cerrados, y tener baja laboral el tiempo que necesiten si se contagian. Pero, ¿Y los autónomos y empresarios? ¿Qué coberturas tienen? ¿Han de seguir pagando a cuota en caso de contraer el COVID 19? Un profesional autónomo que contraiga la enfermedad puede optar a una prestación por una baja por enfermedad común. Según se expone en la Dirección General de la Seguridad Social, dentro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, si un trabajador por cuenta propia contrae el coronavirus, puede darse de baja y cobrar una prestación. Ésta se empezará a percibir desde el cuarto día y corresponde al 60% de la base reguladora. Es decir, que si el autónomos cotiza por la mínima, son unos 19 euros al día. Propuestas de las asociaciones para ayudar a autónomos y pymes A día de hoy esta es la única ayuda activa para autónomos y empresarios en caso de contraer el virus. Probablemente dejen de facturar (o, al menos, no lo mismo), tienen que seguir pagando su cuota a la Seguridad Social, alquiler de sus locales, gastos fijos, etc. Es por ello, que se hace necesario implantar medidas de protección extra que palien los efectos negativos económicos en autónomos a causa del coronavirus. Diversas asociaciones de profesionales autónomos han puesto de manifiesto la necesidad de implementar estas medidas laborales. Desde la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha solicita al gobierno, en primer lugar, que se suspenda la subida de cualquier impuesto, coste laboral o base de cotización. Además, se solicita a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria que impuestos como el de Sociedades, el IVA o el IRPF se puedan aplazar. Especialmente para los autónomos a los que esta crisis les afecte de manera directa o indirecta en sus negocios. Desde la asociación también instan a que el coronavirus sea causa justificada para acceder al cese de actividad. De igual manera, se solicita que los autónomos de baja o en situación de cuarentena por el virus, queden eximidos del pago de la cuota mensual. Por su parte, la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) ha elaborado un documento con propuestas urgentes alegando que debe ser una “una acción conjunta que mitigue las consecuencias del covid-19”. Desde la organización reivindican una coordinación y cooperación entre administraciones e instituciones. Entre las medidas propuestas destaca la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad social desde el inicio de la incapacidad temporal (IT), tanto por baja como por cuarentena y con una duración íntegra. Es decir, hasta que se termine la IT. En lo que respecta al cese de actividad, la asociación especifica que se debe aplicar en los autónomos con una reducción del 25% de facturación, los que se vean obligados a suspender temporalmente la actividad económica y aquellos que tengan personas a cargo. También están de acuerdo en los plazos extraordinarios de los impuestos, además de asegurar que el Instituto de Crédito oficial (ICO) se encargará de poner a disposición de autónomos y pymes un sistema de créditos blandos sin intereses para estas garantías excepcionales. Asimismo, se solicitan medidas municipales extraordinarias mientras dure la paralización de la actividad económica. En concreto, se pide la bonificación del 100% de tasas de recogida de basuras, IBI, saneamientos, etc.